Esto si los encuentran culpables de tortura. Los
jóvenes infractores, al parecer, habrían agredido con arma blanca a
varios uniformados al tratar de fugarse.
Por los hechos, que quedaron registrados
en video y generaron rechazo, están siendo investigados siete policías.
Todos fueron separados del cargo. Sin embargo, solo cuatro habrían
participado directamente en la golpiza ocurrida en el centro de atención
y rehabilitación El Redentor, en el sur de Bogotá.
La grabación, en la que se ve a los menores
tendidos en una plazoleta y en ropa interior, fue hecha el 28 de
septiembre tras un supuesto intento de escape.
“Ahí sí no es muy hombrecito, ¿no? Ahí sí llora
como una nena”, se escucha en las imágenes, grabadas por los mismos
policías y en las que se observa cómo le pegan con una tabla a uno de
los jóvenes recluidos en esa correccional.
En lo ocurrido están implicados varios uniformados
que "golpean severamente, de forma cruel e inhumana, a jóvenes que
purgan una pena privativa de la libertad en un centro de atención
especializado", dijo en rueda de prensa el fiscal delegado para delitos
contra la infancia y la adolescencia, Mario Gómez.
“Esta Fiscalía ha abierto noticia criminal para
investigar tales eventos en el marco de una posible práctica de
tortura”, agregó.
Las autoridades señalaron que el castigo impartido
en El Redentor derivó de un intento de fuga que fue controlado, según
Gómez, "de una manera desproporcionada y que arrojó heridos, en el caso
de dos policías que fueron apuñalados".
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) rechazó las agresiones y pidió sancionar a los
responsables de lo ocurrido en El Redentor, en donde varios jóvenes han
intentado fugarse.
Asimismo, el procurador general, Fernando
Carrillo, anunció que la entidad asumirá de manera inmediata la
investigación por el maltrato y los abusos a los que habrían sido
sometidos cerca de 20 jóvenes.
"Esto que ha pasado hace unas semanas y que se ha
revelado hasta el día de hoy, no solo es inaceptable, sino una afrenta
contra un sistema que dice proteger los derechos de los menores. Hay que
caer con toda la drasticidad en este análisis", aseguró Carrillo.
A juicio del procurador, ante la gravedad de las
denuncias es necesario suspender a los uniformados que estuvieron a
cargo de la seguridad y protección de los menores y evaluar las
actuaciones que frente a este caso y otros similares habrían adoptado
funcionarios del ICBF.
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