Los hechos ocurrieron a mediados del año 2002 cuando miembros de la guerrilla incursionaron en Oparapa y la inspecciĂłn de Maito-Tarqui en Huila, dejando como saldo cuatro personas muertas, entre ellos dos agentes de la PolicĂa y dos civiles.
Los sindicados bajo la Ley 600 de 2000, serán escuchados por una fiscalĂa especializadas de Neiva, para resolver su situaciĂłn jurĂdica, con base en el material recopilado respecto del ataque armado cometido por cerca de 250 insurgentes de las compañĂas Uriel Varela, Jacinto Matallana, Arturo Medina y del Frente 13 de las desmovilizadas Farc, los dĂas 10 y 11 de julio de ese año.
Las vĂctimas fueron identificadas como Henry Monroy RodrĂguez y Elvis Mario Paguatián Arteaga, uniformados de la PolicĂa Nacional; y los habitantes de esas zonas, Margarita Hernández Rocha y Roberto Chaux Motta.
A raĂz de la compulsa de copias que hizo la entonces Unidad Nacional de FiscalĂas de Justicia y Paz, hoy DirecciĂłn de Justicia Transicional, se logrĂł determinar que ambos sindicados habrĂan brindado colaboraciĂłn financiera, logĂstica y de inteligencia, a dicho grupo insurgente en aquella Ă©poca, estableciĂ©ndose de esa manera su posible participaciĂłn en la mencionada toma.
Se les investiga por la muerte indiscriminada de dos civiles que no tenĂan que ver con el conflicto armado de ese entonces, configurándose el delito de homicidio en persona protegida.
En el caso del homicidio agravado, se les atribuye por la muerte de los uniformados y la tentativa, por el ataque en el que resultaron heridos otros policiales que salieron a repelerlo.
Finalmente, el punible de terrorismo se les endilga puesto que mantuvieron en zozobra a la poblaciĂłn y pusieron en peligro su vida, al igual que su integridad fĂsica y libertad.
La FiscalĂa hace pĂşblica esta informaciĂłn por razones de interĂ©s general.
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