Según la misiva, “una serie de medidas recientes de la
República han tenido un grave impacto adverso en las inversiones de Uber en
Colombia y la viabilidad de sus operaciones en el país”, por lo cual acudirán a
demandar al Estado. La compañía se refiere al fallo de la SIC, que tildan de
“emitida bajo circunstancias cuestionables” y reprochan que el fallo fue
publicado el 20 de diciembre, “el último día del calendario judicial en
Colombia, con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en
apelación”.
El fallo de la SIC, como ha explicado el superintendente
Andrés Barreto, se da tras una demanda que presentó la empresa Cotech,
operadora de la aplicación Taxis Libres, una de las más grandes compañía de
transporte en el país. Sin embargo, para Uber, habría un “esfuerzo concertado”
del Estado colombiano entorpecer las inversiones de la compañía en este país,
pues la sentencia de la SIC “fue precedida por una sanción que la
Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos
minutos antes, sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar
las quejas que supuestamente llevaron a la sanción”.
El fallo de finales del año pasado también fue notificado a
los operadores de internet en Colombia, que tienen 30 días para desconectar la
transmisión de datos, el almacenamiento y el acceso a la aplicación Uber en el
país. Para la plataforma, están siendo sometidos a medidas “arbitrarias y
discriminatorias”, pues “en contraste, otras compañías de Colombia y terceros
países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo
tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la
República”.
Para la compañía, al estar radicados en el estado de Delaware,
son un inversor protegido por el TLC. Y, en ese sentido, las medidas tomadas
por entidades colombianas violan principios del Tratado de Libre Comercio como
el de “no someter las inversiones de los restauradores estadounidenses a
expropiaciones o nacionalizaciones” y el de “otorgar a los inversores
estadounidenses un trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas”.
Además, aseguran que ordenar su desconexión a los operadores de
telecomunicaciones es una forma de censura que viola el principio de
neutralidad de la red.
La entidad que hace las veces de abogado de Colombia, la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ya fue notificada de la intención de
demanda de Uber. Según explicó su director, Camilo Gómez, en diálogo con Blu
Radio, “esto es una etapa que se denomina comunicación de intención de demanda,
todavía no hay demanda”. Lo que se sigue, según pide Uber en la carta, es que
ambas partes se sienten a discutir durante unos seis meses para buscar un
acuerdo.
Pero en esa negociación no estará sobre la mesa que Uber se
salve de cumplir el fallo judicial, al que todavía le falta la segunda
instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. “Colombia tiene que sentarse con
Uber en esta etapa, pero es para discutir si se está violando o no el Tratado
de Libre Comercio. Esto no es para discutir aspectos como la decisión de la
Superintendencia, que es el caso más reciente que hemos visto al respecto”,
explicó Gómez. Si no hay acuerdo, “el inversionista (en este caso Uber) tendría
la posibilidad de presentar la demanda”.
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