Los hechos ocurrieron en el año 2009, cuando el ahora condenado se desempeñaba como funcionario del CTI en Pitalito y, según estableció la Fiscalía, la víctima le entregó $300.000 con el propósito de que le agilizara un proceso relacionado con un accidente de tránsito en el que había fallecido su hijo menor de edad.
Fajardo Bonilla era requerido desde el 15 de noviembre de 2018 mediante orden judicial, emanada del Juzgado 4° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva.
El fallo también le ordena el pago de una multa de 66.66 SMLMV para el año 2009, y lo inhabilita para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Además, no se le concedieron beneficios penales como la suspensión condicional de la ejecución de pena.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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