El ex mandatario fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito en calidad de cómplice, pero le otorgó la libertad provisional, condicionada al pago de una sanción pecuniaria.
El despacho judicial le impuso en primera instancia una pena de 36 meses de prisión y lo inhabilitó por 45 meses para ejercer cargos o funciones públicas. El joven mandatario fue sentenciado por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Además, le impuso una multa equivalente a 34,33 salarios mínimos mensuales (Unos 28,44millones de pesos aproximadamente). Sin embargo, el despacho judicial le suspendió la ejecución de la pena y le dio un plazo de cinco días para cancelar la multa.
La compra
Vargas Salas compró para el municipio dos predios rurales por 177,42 millones de pesos en forma irregular, sin autorización y desconociendo la normatividad.
Los terrenos estaban destinados a programas de vivienda popular y otro para protección de micro cuencas. Sin embargo, la adquisición la hizo sin tener expresa autorización del concejo de la localidad.
Amparado en un acuerdo macro que faculta al alcalde para firmar convenios y contratos, el ex mandatario adquirió el predio denominado ‘Lote Urbanización Las Cruces’, ubicado en zona urbana de Elías, por un valor de 127,96 millones de pesos. Según su asesor jurídico no se requería de una autorización del Concejo para la adquisición de los terrenos.
La compra se registró mediante escritura pública No. 393 del 10 de septiembre de 2013 de la Notaría Única del Círculo de Timaná, identificado con matrícula No. 84062. En este lote se ejecutó la primera fase de la urbanización ‘Ricaurte Vargas’, bautizada así en honor al padre del alcalde.
La urbanización quedó a media marcha. La inversión estimada fue de 1.020 millones para 40 viviendas de interés prioritario. Las viviendas no se han podido legalizar por los ‘enredos’ en la negociación del predio.
La denuncia
El funcionario fue denunciado el 20 de agosto de 2014 por varios concejales entre ellos Óscar Andrés Fernández y Manuel Antonio Silva, quienes pusieron en evidencia la anomalía. Las denuncias originaron varias denuncias penales y disciplinarias que terminaron con una sentencia condenatoria y una sanción disciplinaria.
El caso lo conoció inicialmente el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, quien se declaró impedido.
La acusación fue presentada por la Fiscalía ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito. Después de varios aplazamientos se logró la audiencia preparatoria el 22 enero de 2018.
Cuando se preparaba el inicio del juicio oral, la Fiscalía y el ex mandatario lograron un preacuerdo, terminando anticipadamente el proceso. La sentencia se produjo en octubre pasado pero fue impugnada.
A pesar del acuerdo, el ex mandatario decidió impugnar la providencia de primera instancia, en razón a que el juez le concedió un plazo de cinco días para cancelar la multa y se abstuvo de ampliar el plazo, argumentando que en este caso se “trata de una sanción concurrente con la prisión y no una unidad progresiva de multa”.
En otras palabras, el pago de la multa le representaba el efectivo goce del beneficio de suspensión de la condena.
Inicialmente la ley no exigía el pago de la multa como condición para obtener ese beneficio. Luego se supeditó el beneficio al pago de la multa y finalmente, precisó que en ningún caso, el goce efectivo del derecho a la libertad, podrá estar supeditado a la multa.
Aunque la norma autoriza al juez a fijar plazos o cuotas para el pago de la multa al momento de su imposición, igualmente supeditó estas opciones a la demostración de la incapacidad económica para sufragar en un solo acto la pena pecuniaria.
En este caso, la Sala Penal acogió la petición y le dio un plazo de tres meses para pagar la multa. En caso contrario, el juez de garantías podrá revocar el beneficio y le hará efectiva la detención en establecimiento carcelario.
No obstante, advirtió que durante estos tres meses el ex alcalde gozará de la libertad provisional, previo el cumplimiento de los demás requisitos impuestos en la sentencia de primera instancia.
Otra sanción
El procurador Provincial de Garzón Yofran Mauricio Silva lo destituyó en primera instancia y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante diez años. La decisión fue nulitada por el procurador regional César Murcia.
Al final la Procuraduría General de la Nación suspendió, en decisión de segunda instancia lo sancionó con suspensión por cuatro meses.
El ex mandatario tiene además otras investigaciones por la compra de otros dos predios en la zona rural para protección de micro cuencas, adquiridos sin autorización del Concejo.
La última palabra
A pesar del beneficio de libertad condicional, el ex mandatario anunció que interpondrá el último recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. La sustentación la presentó su abogado Javier Rene Cardona Gaitán el pasado 7 de febrero.
Vargas Salas, separado del cargo, alega incapacidad económica para pagar en un solo contado.
Información de La Nación
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