La condena fue impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva (Huila), luego de que la Fiscalía demostrara su actuar ilícito. Mediante preacuerdo, el investigado admitió su responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Por otra parte, en lo que respecta a la presunta comisión del delito de falsedad material en documento público, el ente acusador no pudo proceder penalmente, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron desde el 15 de abril del año 1999 hasta el 27 de agosto del año 2013, por lo que este prescribió.
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