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Entregan recursos a víctimas en el Huila.

La Territorial Caquetá-Huila de la Unidad para las Víctimas, adelantó jornada de notificación de indemnización en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Neiva, en la jornada se entregaron recursos por valor de $419.095.992 a 82 víctimas del conflicto armado.

Las víctimas de homicidio y desplazamiento forzado beneficiadas en esta oportunidad provenían de los municipios huilenses de Neiva, Pitalito, Iquira, Tello, Colombia, Pitalito, Acevedo y San Agustín.

Durante el evento se les presento la nueva herramienta de comunicación de la entidad, denominada “Unidad en Línea”, mediante la cual y gracias a la utilización de las tecnologías de la información, desde la comodidad de sus casas las víctimas pueden acceder a realizar trámites y consultas a la entidad las veces que lo requieran.

De igual forma, se realizó la socialización de la estrategia antifraude denominada “Ojo con el fraude” con la cual se busca evitar que personas inescrupulosas se apropien de los recursos que reciban por concepto de indemnización.

para tal fin se hizo énfasis en medidas de protección que deben observar al momento de realizar el cobro de su indemnización, en lo concerniente a no difundir la información del pago de esta, no permitir que extraños le ayuden en el trámite de su transacción bancaria, pedir el acompañamiento de la Policía Nacional para el retiro de los recursos y utilizar sus cuentas de ahorro para conservar su dinero mientras lo invierten.

Así mismo se les explicó las acciones de las que pueden ser víctimas por parte de tramitadores o abogados inescrupulosos, tales como las tarifas a acordar las cuales se encuentran claramente establecidas en el Parágrafo 1 del Artículo 44 de la Ley 1448 de 2011: “Cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen no podrán, en ningún

caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.

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