En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Garzón, estableció que el funcionario no realizó las gestiones pertinentes para garantizar la prestación del servicio desde el inicio del calendario escolar en el año 2018, y solo fue contratado a partir del 28 de mayo de ese año.
Esa situación afectó a más de 12.500 niños, niñas y adolescentes inscritos en los colegios oficiales del municipio, quienes durante 83 días acudieron a clases sin recibir la alimentación del PAE.
Para el Ministerio Público, el alcalde con su actuación vulneró los principios de moralidad y eficacia en la administración pública, al no gestionar de manera oportuna la contratación para que se prestara el servicio desde el primer día de clases. Por esos hechos la Procuraduría calificó falta del alcalde como grave cometida a título de culpa gravísima.
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