Tras la situación presentada este martes en el Centro Transitorio de Reclusión, el equipo de la Alcaldía de Pitalito envió un comunicado oficial a las autoridades pertinentes con el propósito de evitar hechos que lamentar para esa población.
El alcalde Edgar Muñoz Torres y el Secretario de Gobierno José María Sánchez, han manifestado que el equipo de la Administración Municipal viene adelantando varias gestiones en distintas instancias, con el propósito de que más de 120 personas privadas de la libertad en el Centro Transitorio de Reclusión de Pitalito, ubicado actualmente en las antiguas instalaciones del Colegio Departamental, tengan garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y bienestar.
Es así que la Secretaría de Gobierno Municipal, encargada de las políticas de seguridad y convivencia ciudadana de Pitalito, ha demostrado que ha cumplido con el Decreto Nacional 546 de abril del 2020, el cual eximió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para atender a personas con medidas de aseguramiento preventivas y detenciones domiciliarias transitorias en instalaciones distintas a las cárceles determinadas para ello, con ocasión de la pandemia por COVID-19. José María Sánchez Torres, Secretario de Gobierno, sostiene que la Alcaldía de Pitalito asumió con recursos propios el centro transitorio adaptado para ese fin, así como la alimentación, el cuidado, y demás gastos para los reclusos que le corresponden a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
Luego de ello, el Gobierno Nacional le entregó esta responsabilidad nuevamente al INPEC, por lo cual, de acuerdo al Secretario de Gobierno Sánchez Torres, la Administración Municipal se dio a la tarea de solicitar y tutelar los derechos de las personas que están recluidas en el centro transitorio para así seguir respondiendo con las obligaciones y garantizar sus mínimas condiciones, ante lo que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia falló el 7 de octubre a favor de los reclusos, pero en donde el INPEC desde la dirección nacional no ha respondido hasta la fecha.
Por tal motivo, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, presentó un oficio por desacato a la tutela el 28 de octubre, al que finalmente el 4 de noviembre se logró que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios asumiera la responsabilidad de manutención que ordena la norma, cumpliendo fundamentalmente con las comidas de las personas privadas de la libertad.
La Alcaldía de Pitalito, sin embargo, continúa insistiendo al INPEC para que asuma la custodia de la población en mención, situación que se ha venido postergando ya que la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha querido responsabilizarse del traslado de los reclusos ante las condiciones en las que se encuentran, por lo cual el Gobierno Municipal presentó este miércoles 18 de noviembre una acción de tutela por desacato ante el Juez Primero Civil del Circuito de Pitalito, ya que la infraestructura adaptada para ello no tiene el alcance ni las garantías suficientes para que las más de 120 personas instauradas allí puedan vivir en condiciones dignas y sostenibles. Igualmente, los funcionarios de la Policía Nacional han apoyado en materia de seguridad en este centro transitorio, a pesar de no ser esa su formación y su función.
De esta manera, el alcalde Edgar Muñoz Torres y el equipo de la Alcaldía Municipal continuarán ejerciendo y mediando en búsqueda de hacer cumplir el fallo de tutela que ordena el traslado de los privados de la libertad a los Centros Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, establecidos por la norma ante la ausencia de recursos de los entes territoriales para continuar en esa labor en donde, a su vez, el INPEC debe seguir los lineamientos de los protocolos de seguridad y bioseguridad tanto para los reclusos como para el personal que labora en esa institución, y en ese sentido, evitar que el mal estado del lugar, así como manifestaciones como las presentadas el pasado martes, puedan ocasionar hechos que lamentar para esa población y sus familias.
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