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Demanda por perdida de miles de dólares que habían sido incautados en Pitalito.


La demanda de reparación fue admitida por el Tribunal Administrativo del Huila. El proceso le correspondió a la magistrada Beatriz Teresa Galvis, quien ordenó tramitarla por el procedimiento ordinario.

 Los responsables o las entidades que tengan bajo custodia elementos materiales probatorios y evidencia física, según la normatividad vigente, deben garantizar las medidas de seguridad industrial necesarias que permitan mitigar las posibles causas que puedan determinar la perdida, deterioro o daño.

 Además, los almacenes de evidencias y unidades de recepción de deben garantizar la trazabilidad del sistema de cadena de custodia, desde el momento en que se reciben hasta su salida. Por esa razón, la pérdida del dinero, sin que haya sido recuperado, constituye una falla en el servicio, la razón legal de la demanda de reparación.

 Robo misterioso

El dinero incautado fue trasladado inicialmente al laboratorio regional de Policía No. 2 para verificar su autenticidad. El peritaje técnico confirmó que se trataba de moneda original estadounidense.

 Con la validación técnica los dólares fueron puestos en cadena de custodia en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal con sede en Pitalito donde se esfumaron como por encanto. El robo fue reportado el miércoles 16 de enero de 2019.

 La Fiscalía solo consignó el dinero en moneda colombiana en un título de depósito a nombre de la entidad por un valor de 1,35 millones de pesos. Las autoridades decretaron sobre esta suma la extinción de dominio.

 Sorpresivamente, los dólares se esfumaron del almacén transitorio de evidencia en Pitalito. El robo solo fue reportado 26 días después.

 “Demostrado el origen lícito del dinero, la administración debe regresar el dinero, suceso que no ha ocurrido hasta el momento, y que, por el contrario según comunicaciones de la Fiscalía, el dinero objeto de la incautación fue hurtado”, confirmó el abogado Sheiber Cuenca Galindo.

 “La Fiscalía tenía la obligación de salvaguardar el dinero incautado hasta que se ordenara su devolución por la autoridad competente, pero no lo hizo. Tampoco la Policía”, precisó.

 “Es un hecho claro, que los entes demandados ostentaban el deber de custodia de estos bienes, evidenciando así, que hubo una falla en el servicio por parte de los responsables, esto en razón de la pérdida del dinero”, afirmó.

 Sin rastros

 La desaparición fue confirmada por la Policía en un escueto comunicado. Luego se produjo el relevo y el traslado de los uniformados, asignados al Quinto Distrito de Policía.

 Por el robo de los 180.000 dólares, la Fiscalía 28 Seccional de Neiva inició una investigación por delitos de hurto y peculado. La investigación está activa, pero dos años después, no se han reportado resultados.

 Los siete policías encargados de la custodia fueron destituidos de la Institución, confirmó el comandante de la Policía Huila, coronel, Harold Mauricio Barrera Gantiva.

 Los dólares incautados, según se demostró legalmente, pertenecían a Noraida Francisca Guevara. El dinero fue entregado a su hermano para ser negociarlos en casas de cambio de Bogotá, para obtener un mejor beneficio económico.

 El decomiso

 El decomiso se produjo el viernes 21 de diciembre del 2018 durante una requisa de rutina en momentos en se preparaba el abordaje de un avión de la empresa estatal Satena que cubría la ruta Pitalito-Bogotá.

 Redín Diomedes Guevara Meneses, de 25 años, procedente de La Hormiga (Putumayo) fue sorprendido ‘enrollado’ en dólares.

 Los dos agentes Aldemar Serna Mora y John Angulo Useche descubrieron en la bodega de equipajes la divisa camuflada en bolsas de plástico usadas para el reciclaje.  Los uniformados hallaron tres paquetes que contenían 1.579 billetes de 100 dólares, procedentes del Ecuador.

 El enigmático pasajero sacó de sus partes íntimas otro paquete con las mismas características y lo entregó voluntariamente a los policías. También entregó otros 220 billetes de 100 dólares que llevaba en las plantas de los zapatos tenis. En total, le encontraron 180.000 dólares (584,43 millones de pesos) y 1,35 millones de pesos colombianos.

 El pasajero

Guevara Meneses no pudo explicar el origen del dinero. Las autoridades estimaron inicialmente que el dinero, estaría relacionado con actividades ilícitas. Esa versión quedó desvirtuada cuando se demostró la procedencia lícita, producto de actividades comerciales.

 La Fiscalía acreditó que el dinero incautado pertenecía a Noraida Francisca Guevara Meneses, hermana del investigado, y dueña de una cadena de almacenes de reconocida trayectoria empresarial.

La empresaria era propietaria con su esposo de los establecimientos de comercio denominados El Terremoto de la Promoción CyG, Terremoto de la promoción CyG1, Terremoto Calzado, y El Terremoto Compra y Venta de Divisas ubicados en La Hormiga Putumayo. Los establecimientos comerciales operaban como corresponsales bancarios.

Absuelto

 El Juzgado Primero Penal Municipal de Pitalito con funciones de control de garantías legalizó la captura y dispuso su detención efectiva de la libertad en la cárcel del circuito judicial de Pitalito.

 La Fiscalía le imputó cargos por el delito de lavado de activos en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particularidades.

 Cinco meses después, Guevara Meneses fue dejado en libertad el 13 de mayo de 2019 el Juzgado Décimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Neiva bajo caución prendaria.

 Siete meses después, el 16 de diciembre de 2020, la Fiscalía Cuarta Especializada solicitó la preclusión y por lo tanto, la cesación de la acción penal, al demostrarse la lícita procedencia del dinero.

Finalmente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, decidió absolverlo de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Las pruebas

Un informe técnico contable y fiscal suscrito por la contadora Elizabeth Benjumea Salamanca, demostró que la procedencia lícita de los dólares y de la actividad comercial.

El peritaje contable demostró que la empresaria en desarrollo de su actividad cumplía con todas las normas establecidas en el Código de Comercio, y que todos sus ingresos fueron obtenidos de manera lícita. Por su cercanía a la frontera ecuatoriana y al acelerado paso de migrantes ecuatorianos se vio obligada al recibo de moneda extranjera como pago de la mercancía que vendía en sus establecimientos de comercio.

Los ingresos correspondientes al periodo fiscal de 2018 fueron debidamente declarados, según está consignado en los formularios de IVA (formularios 300 de la Dian).

Un informe financiero demostró que la comerciante había cancelado a la Dian los impuestos por el dinero incautado. Los pagos se hicieron en los recibos oficiales de pago de impuestos nacionales (formularios 490).

 Archivo

Con todas las evidencias, la Fiscalía pidió la preclusión. El juez Tercero del Circuito Especializado la decretó por atipicidad de las conductas.

“Ese incremento patrimonial producto del actuar delictivo no fue hallado por parte de la Fiscalía, pues lo que se demostró fue que el dinero incautado no era de propiedad de Redín Diomedes Guevara, sino de su hermana Noraida Francisca Guevara y de su esposo”, anotó el juez.

“En el presente asunto, concluyó, no existe ningún hecho indicador que apunte a demostrar que Redín Diomedes Guevara tenga vinculación con actividades ilícitas, pues contrario a ello el ente acusador afirmó que, al averiguar sus antecedentes, no le aparece investigación alguna en su contra”.

Con esta decisión, debidamente ejecutoriada, la comerciante instauró la demanda contra el Estado colombiano, exigiendo la devolución de los dineros decomisados y no entregados, con todos los intereses, más el pago de los daños morales y materiales.

Hasta el 8 de abril cuando se admitió la demanda, la suma ascendía a 614,12 millones de pesos. El monto provisional reclamado asciende a 994, 23 millones de pesos.

Fuente: LA NACIÓN

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