Los
hechos se remontan al 3 de octubre de 2017, a las 8:30 de la noche, cuando
un motociclista de 26 años fue retenido en vía pública del noroccidente de
Medellín “porque la moto en la que se movilizaba no tenía al día la
revisión técnico-mecánica ni el seguro obligatorio a terceros (SOAT)”, informó
la Fiscalía.
Posteriormente,
el motociclista fue trasladado al comando de la policía del barrio Villa
Hermosa “y allí habría sido golpeado durante tres horas, luego de ser señalado
como presunto responsable de un supuesto atentado que sufrieron los uniformados días
antes”.
Allí
explicó que fue agredido presuntamente con patadas, puños, planazos y
recibió amenazas con arma de fuego.
“Mediante la
utilización de luces forenses, obtuvieron rastros y muestras de sangre en tres
puntos específicos de la edificación, que coincidieron con los señalados por la
víctima”, explicó el ente acusador.
Además,
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que
la víctima recibió heridas en la cara, la espalda y el abdomen, que le
generaron una incapacidad provisional de 10 días.
Así
las cosas, la Fiscalía pidió la captura de los uniformados, la cual fue
avalada por un juez, y los seis policías fueron detenidos por el CTI y la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Tras
hallar culpables a los seis policías, el juez fue más allá y ordenó que se
investigue al entonces capitán y comandante de ese comando, Juan Rodrigo Roa
Sánchez, por los mismos delitos y por falso testimonio.
También
se ordenó investigar por falso testimonio a otros testigos que declararon
a favor de los policías durante el juicio.
Los abogados defensores de
los procesados apelaron la decisión ante el Tribunal Superior de
Medellín.
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